FOTO: Liberal del Sur
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CIUDAD DE MÉXICO.- Los elementos de la Guardia Nacional que se incorporen a las filas de la delincuencia organizada serán sancionados con una pena de entre 30 y 60 años de cárcel, de acuerdo con una iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo al Senado, publicada por Milenio.

A su vez, quienes utilicen fuerza, bienes o personal de la corporación a favor de algún grupo criminal y les presten servicio alcanzarán un castigo de 15 a 60 años de prisión.

La legislación pretende corregir las causas del debilitamiento de las policías en el país.

Por otra parte, el diputado Rolando Hervert Lara, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de San Luis Potosí, dijo que la pretensión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que Estados y Municipios asuman los costos de la Guardia Nacional, representará una carga que muchos de los municipios de esta entidad no podrán cubrir, por sólo citar un ejemplo.

Recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, envío al Senado de la República las iniciativas de leyes secundarias, entre las que se encuentra la Ley de la Guardia Nacional, que en artículo 96 en el título Sexto señala:

Las entidades federativas y los municipios que reciban la colaboración de la Guardia Nacional aportarán proporcionalmente, con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente los costos de operación del personal de la Guardia Nacional destinado a dicha colaboración”.

Lamentó que el Presidente de la República no tenga ni la más mínima idea de lo que sufren los municipios para sostener las direcciones de Seguridad Pública, donde no cuentan con armamento y los elementos policíacos reciben un pago muy bajo, ya que no cuentan con suficiente presupuesto para adquirir equipo y pagar sueldos dignos a los policías.

Consideró que será imposible para la mayoría de los municipios de San Luis Potosí, cubrir los gastos de una Guardia Nacional, por lo que la petición del Presidente de la República está fuera de contexto, y el Senado de la República debería de considerar las condiciones económicas en las que se encuentran los municipios.

Hay policías municipales que reciben 1,500 pesos mensuales de salario y es apenas una muestra de las condiciones de miseria en que trabajan, además de que no tienen el equipo necesario para desarrollar su trabajo, ni siquiera uniformes en buenas condiciones, debido a la falta de presupuesto.