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CIUDAD DE MÉXICO.- El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal le cedió un amparo al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, esto contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva por delitos de tráfico de influencias e incumplimiento al deber legal al haber usado un helicóptero oficial, cuando se separó del cargo, en el que presuntamente evadió la acción de la justicia.

Fueron los magistrados ordenaron al juez de control del Sistema Penal acusatorio adscrito a la unidad de gestión judicial número ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso del 20 de mayo de este año, respecto del delito tráfico de influencias, y emitir otro con plenitud de jurisdicción.

Debido a la consideración que el juzgador vinculó a proceso a Duarte sin desentrañar su verdadera participación en la probable comisión de este delito, ya que sólo partió de que usó el helicóptero de forma personal, aunque se pronunció respecto a si conservaba su calidad de servidor público pese a que tenía licencia.

En lo que corresponde a la medida cautelar de prisión preventiva, los magistrados del Primer Tribunal estimaron que el juez no respetó las reglas establecidas en la legislación para fijar, por lo que contravino el principio de legalidad.

Y según las acusaciones, Duarte utilizó con el apoyo del gobernador interino Flavino Ríos Alvarado y otras personas el helicóptero matrícula XC-GEV, propiedad del gobierno estatal, a fin de evadir la acción de la justicia.

Por ello, ordenó emitir otro con plenitud de jurisdicción y resolver oralmente en audiencia a partir de lo discutido por la defensa del ex gobernador de Veracruz, la imputación ministerial, y con los datos de prueba expuestos, sin dejar de resolver todos los planteamientos de la defensa, para lo cual deberá dejar intocada la vinculación a proceso por el delito de Incumplimiento del deber legal.

Además, se deberá dejar sin efectos la medida cautelar dictada contra de Duarte de Ochoa, en la audiencia de fijación de medidas, y con plenitud de jurisdicción resuelva oralmente lo que proceda, fundado y motivadamente, como lo exige el artículo 16 constitucional, para restituir al ex gobernador veracruzano en el pleno goce de este derecho violado, constriñéndose a lo argumentado por la Fiscalía.

CON INFORMACIÓN DE UNOTV.COM