Foto: Posta.
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NUEVO LEÓN.- Considerado uno de los más completos del país, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Nuevo León también destaca por los cuestionamientos a su conformación, estar centrado en asuntos administrativos y por reposar en manos de la partidocracia.

En el papel, seguramente es uno de los mejores, considera Daniel Butruille, integrante de Ciudadanos Contra la Corrupción y Evolución Mexicana Constante, pero, aclara, en la realidad el SEA regio es muy mediocre.

“En el papel habíamos logrado que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción permitiera una fuerte presencia ciudadana, que era finalmente el objetivo”, señala.

Sin embargo, agrega, al momento de aplicar la Ley, el Comité de Selección “se dejó comer el mandado fácilmente por unos diputados muy avistados, muy listos, que abusaron de la ingenuidad de los ciudadanos presentes”.

Esto porque, según Daniel Butruille, mientras uno de los principales requisitos para la conformación del Comité de Participación Ciudadana (CPC), era que sus integrantes tuvieran experiencia en el combate a la corrupción, los nombramientos fueron de cuatro abogados y una ingeniera química, sin antecedentes en la cuestión.

Sobre las acusaciones de corrupción contra el entonces gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina (2009-2015), en su campaña a la gubernatura, el independiente y ex militante del PRI, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que al ganar lo metería a la cárcel.

A seis meses de ocupar el cargo dio a conocer la que llamó “Operación Tornado”, con la que acusó penalmente a Medina y algunos de sus excolaboradores de desvío de recursos, dar incentivos fuera de la ley a una empresa y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Foto: Tiempo y Forma.
Foto: Tiempo y Forma.

El habitual letargo social despertó. Por primera vez en la historia de Nuevo León, los ciudadanos eligieron a un gobernador independiente que traería paz social y pondría fin a la corrupción.

La “Operación Tornado” resultó en 28 vinculaciones a proceso de exfuncionarios –muchos de ellos ahora desvinculados–; dos han ido a la cárcel: Rodrigo Medina, quien estuvo menos de 20 horas preso al conseguir un amparo, y el exdirector de Ejecución de Obras de la Secretaría de Obras Públicas, José Agustín Tellez, que permaneció internado cuatro meses en un penal estatal.

Es de destacarse que el nuevo gobierno inició con su propio escándalo de corrupción. En febrero de 2016, el periódico El Norte reveló la compra de 200 mil cobijas a sobreprecio, efectuada en diciembre de 2015 por quien era el subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado, Rogelio Benavides Pintos, y el director de Adquisiciones del estado, Gonzalo Padilla.

Todo iba muy bien, hasta que...

Con el objetivo de trabajar para empujar las leyes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en 2016 cámaras empresariales, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y universidades de la entidad, conformaron la “Coalición Anticorrupción”, las cuales lograron que una parte del marco normativo en la materia fuera aprobado por el Congreso local entre 2017 y 2019. Hasta la fecha, siguen sin aprobarse las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado.

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para Nuevo León contempló la conformación de un grupo ciudadano de acompañamiento técnico, que no se contempla en el modelo nacional, cuyos siete integrantes fueron elegidos en octubre de 2017 por los diputados locales, mientras que la Comisión Anticorrupción del Congreso del estado eligió a los nueve miembros del Comité de Selección, responsable de elegir a los integrantes del CPC.

El Comité de Selección definió también para el gobernador las ternas que luego propuso al Congreso local, para que se eligieran a los titulares de la Fiscalía General, Fiscalía Anticorrupción y Tribunal de Justicia Administrativa, así como al Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas. Esta es una facultad del Comité de Selección del SEA de Nuevo León, que se diferencía del modelo nacional.

El Comité Coordinador (CC) se conformó por el presidente del CPC, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el auditor superior del estado (ASE), el comisionado presidente del instituto de transparencia del estado (CTAINL), el contralor general del gobierno estatal, el fiscal especializado en Combate a la Corrupción y el magistrado presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado; apoyándolos en sus funciones la Secretaría Ejecutiva del SEA, cuyo titular también ya fue designado.

Los diputados abusaron de los ciudadanos...
Los diputados abusaron de los ciudadanos...

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, publicada por el INEGI, señala que 90 por ciento de los neoleoneses perciben que los actos de corrupción son frecuentes. Mientras que uno de cada cinco ciudadanos que realizaron un trámite gubernamental fue víctima de un acto de corrupción.

Daniel Butruille recuerda que algunos diputados trabajaron a favor de los ciudadanos, pero los coordinadores de las bancadas decidieron, “ellos son los que definen los rumbos y ellos son realmente los portavoces de la partidocracia”.

Aunado a la falta de transparencia y claridad en los criterios y métodos empleados, la votación para elegir a los integrantes del CPC estuvo empañada por la mano de los legisladores, asegura Sandrine Molinard, directora de Consejo Cívico Nuevo León.

“Este Comité (de Selección) se dejó influenciar mucho por los diputados, hubo demasiada cercanía con los diputados y al revés, estuvo demasiado alejado de la sociedad civil y de mejores prácticas que vimos en otros estados de la República”.

Agrega que sí hubo nombramientos cuestionables por las OSC, debido a las relaciones políticas de los postulantes.

Desde hace poco más de una década han surgido distintas organizaciones ciudadanas en Nuevo León, con la finalidad de trabajar en diversos temas, buscando no dejar las decisiones en manos de los gobiernos, a la par de la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.

En marzo del año pasado, ocho organizaciones, entre ellas Alianza Cívica y Redes Quinto Poder, evidenciaron los nexos de los aspirantes finalistas del SEA con grupos políticos.

Entre ellos, a quien fue elegido como fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, que afirmaron las OSC locales, fue propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para ser designado como Magistrado Especializado en Combate a la Corrupción a nivel federal.

También señalaron a Javier Garza y Garza, ahora fiscal anticorrupción, por haber sido magistrado presidente y magistrado unitario del Tribunal Electoral del estado, entre 2014 y 2015, por lo que llama la atención que hayan sido propuestos al gobernador, en las ternas enviadas por el Comité de Selección “ciudadano”.

“Lo que debería ser un Sistema Anticorrupción, autónomo, independiente, terminó en una repartición de cuotas entre grupos partidistas y de poder político”, externan las OSC.

Tres ciudadanos en el comité coordinador

El diagnóstico sobre el grado de armonización de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción respecto de la Ley General del Sistema Nacional

Anticorrupción (SNA), realizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) en junio de 2018, destaca que Nuevo León construyó su Sistema con algunas diferencias.

Analizando tres grandes rubros, la SESNA detalla que el SEANL difiere al omitir como objetivo de la Ley el establecer las bases de un sistema estatal de fiscalización y contrasta con otros estados en la definición de los integrantes del sistema estatal, al no incluir a los municipios o sus representantes.

Explica que el Sistema de Nuevo León ha modificado algunas de las facultades del Comité Coordinador (CC), al otorgarles el carácter de vinculantes a sus resoluciones cuando se requiera información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la política estatal anticorrupción, incluyendo la recopilación de datos para su evaluación conforme a los indicadores generados para tal efecto.

Otro contraste que subraya es que en el CC participan tres miembros del CPC con voz y voto, de tal forma que se tiene un órgano colegiado de nueve integrantes, sin embargo, en el CPC, a diferencia del ordenamiento federal, no se contempla el principio de equidad de género.

Si se registra un empate en las votaciones del CPC, el presidente tendrá voto de calidad, a diferencia del federal, donde se vuelve a someter a votación y, en caso de persistir el empate, se envía el asunto a la siguiente sesión.

Respecto al SNA, en Nuevo León se modificaron los requisitos para poder ser nombrado Secretario Técnico. Se aumentó de cuatro a 10 años el periodo de prohibición para haber sido candidato o haber desempeñado un cargo de elección, haber sido miembro de algún partido político u ocupado un alto cargo en el gobierno, o por tener parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el tercer grado con los integrantes del Comité Coordinador.

Nombramientos en lo oscurito

La selección del Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del TJA fue debatida por las OSC desde la postulación de los nueve candidatos, a quienes señalaron de tener vínculos con gobiernos o partidos.

Uno de los contendientes fue Mario Treviño Martínez, quien trabajó en el gobierno del exgobernador priista Rodrigo Medina, como director del Registro Público de la Propiedad y Comercio.

Fue además representante del PRI ante la Comisión Estatal Electoral en 2013 y 2014. Desde el 2012 y hasta el momento de su candidatura para magistrado, era oficial Mayor en el Congreso local, propuesto por el PRI.

Aun con los señalamientos, siete días después tomó protesta como magistrado especializado en anticorrupción del TJA, negando conflicto de interés, pues según él había pedido licencia de su cargo en el Congreso.

Los cinco integrantes del CPC de Nuevo León fueron elegidos por unanimidad por el Comité de Selección el 30 de agosto de 2018 y tomaron protesta el primero de octubre junto al secretario técnico del SEA, Joaquín Ramírez de la Cerda, quien, cabe mencionar, formó parte del Comité de Selección.

Consejo Cívico Nuevo León se pronunció: “En una reunión secreta y opaca, eligieron a Joaquín Ramírez, haciendo a un lado los principios constitucionales que deben regir cualquier decisión del SEA: La máxima publicidad y transparencia de conformidad con el artículo 109 Constitucional”.

La primera decisión que tomó el CPC, destaca Consejo Cívico, fue seleccionar a Joaquín Ramírez, a pesar del evidente conflicto de interés, pues un día antes había renunciado a su cargo en el Comité de Selección.

Del mismo modo reprochó la instalación del Comité Coordinador, dentro del cual está integrada la Contraloría General del estado, siendo que quien está al frente es un encargado de despacho (Jesús Hernández Martínez) y no ha sido nombrado su titular, mediante propuesta del Gobernador de un postulante al Congreso local, lo que contraviene la Ley.

Sandrine Molinard explica que el hecho de que la Contraloría Estatal esté encabezada por un encargado de despacho, la hace vulnerable y sus actos pudieran ser cuestionados ante un Tribunal, “entonces se pone en entredicho muchos actos de autoridad de la Contraloría, creo que es un tema preocupante”.

Igualmente la designación de los Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CTAINL) fue puesta en tela de duda y el 7 de febrero de este año les fue aceptado un proceso de amparo a cinco organizaciones contra el proceso efectuado por el Congreso estatal, bajo el argumento de que no se acataron los parámetros constitucionales y legales en el proceso.

Desde la apertura de la convocatoria, las OSC pidieron al Congreso local abriera los expedientes de los 37 postulantes, que no se habían dado a conocer bajo el argumento de la protección de sus datos personales.

Acusaron además de que se incumplía con el requisito de que los aspirantes no se hubieran desempeñado en un cargo público en los dos años previos.

María de los Ángeles Guzmán García, María Teresa Treviño Fernández y Francisco Reynaldo Guajardo Martínez, quien en ese momento era secretario técnico de la Comisión de Transparencia del Congreso, fueron elegidos en fast track el 26 de diciembre.

“El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito admite la Demanda de Juicio de Amparo interpuesta por las OSC Redes Quinto Poder, IDEA A.C., Evolución Mexicana Constante A.C. y el Dr. Carmelo Cattafi, contra la designación de Comisionados Propietarios de la Comisión de Transparencia del Estado de Nuevo León”, detallaron las OSC en un comunicado.

Sandrine Molinard.
Sandrine Molinard.

Sandrine Molinard califica como gris el desempeño del auditor superior del estado, Jorge Guadalupe Galván González, siendo que han salido a la luz importantes casos de corrupción, incluyendo la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, por presunta corrupción en la recolección de firmas como aspirante a la presidencia de la República.

Por ese mismo tema, Daniel Butruille presentó una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado en septiembre pasado y hasta el momento no ha recibido respuesta.

No hay evidente trabajo sustancial en el tema anticorrupción por parte del CPC, los demás miembros del CC y el secretario técnico, comenta Sandrine Molinard, pues se han enfocado en cuestiones administrativas y nombramientos, como el del director jurídico de la Secretaría Ejecutiva del SEA, José Luis Prado Maillard, que tampoco es aceptado por ser exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Buscando evitar que la oposición detrás del Comité de Selección fuera quien eligiera una terna de candidatos para el nombramiento de los titulares de las fiscalías General de Justicia, Anticorrupción y de Delitos Electorales, el gobernador presentó una solicitud de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual fue rechazada.

Fue así que el Congreso, entonces con mayoría priista y panista, eligió a los fiscales, de quienes fue criticada su conexión con los exgobernadores, Rodrigo Medina y Natividad González Parás.

El entonces subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales Santos, reprochó el proceso, asegurando que eligieron personajes que les cubrieran delitos al PRI y al PAN, y acusó al Congreso “de buscar la exoneración, la no persecución de los delitos de corrupción a través de fiscales a modo”.

Algunos medios de comunicación han ventilado que Jaime Rodríguez conserva a un encargado de despacho en la Contraloría y Transparencia Gubernamental, evitando que sea el Congreso el que haga la ratificación de su titular, pues los legisladores del PAN y PRI no lo avalarían, ya que buscarían poner a un contralor a modo que cubra los actos de corrupción de las administraciones pasadas.

Daniel Butruille. Dominio Medios.
Daniel Butruille. Dominio Medios.

¿Investigar al gobierno en funciones?

En Nuevo León no ha habido ninguna sentencia por actos de corrupción, responde el fiscal Anticorrupción Javier Garza y Garza, tras revelar que cuenta con 177 carpetas de investigación abiertas.

“Yo recibí 155 y me han llegado 50 carpetas adicionales; las 155 estamos integrándolas. Ahorita, entre que tenemos dadas de baja por archivo, tendremos vivas unas 177 carpetas. Que es lo que estamos investigando”.

El problema radica en que la anterior Procuraduría investigaba asuntos de gobiernos anteriores y recibía todo el apoyo de los entes gubernamentales, argumenta, mientras que la nueva Fiscalía recibe trabas y obstáculos.

“Tengo que mandar miles de oficios, tengo más de mil 900 oficios girados, solicitando información a todas las instancias, se las pido de una forma y de otra forma, porque te la dan mocha o no te la dan, sí es un batallar, cuando estás fiscalizando actos que se están realizando ahorita por las autoridades”.

Para Garza y Garza, el actual Sistema Penal ha influido en la percepción ciudadana: “¿Cómo podemos meter a la cárcel a alguien si no amerita prisión preventiva? En otras entidades de la República no han entrado los juicios orales y por eso los meten, con el sistema viejo”, no obstante el riesgo de violación a los derechos humanos y que el Sistema Oral ya aplica en todo el país desde hace tres años.

Expone que además del inconveniente de que la Fiscalía Anticorrupción no tiene recursos propios para operar a pesar de haberlo solicitado al Congreso local, el SEA también tuvo problemas financieros, lo que les impidió arrancar debidamente.

Para el ejercicio fiscal 2018, la entonces Subprocuraduría recibió un presupuesto propio, entre la asignación del Congreso y otras aportaciones, de más de 70 millones de pesos, dice Garza y Garza, sin embargo este año los recursos vienen por medio de la Fiscalía General, cuyo presupuesto para este año será de más de 2 mil 963 millones de pesos.

“Yo no tengo presupuesto para ejercer como me marca la ley estatal, que señala que yo debo de tener un presupuesto, y que soy autónomo en el recurso del presupuesto”, señala.

Como fiscal anticorrupción solicitó un monto de 100 millones de pesos para el presente ejercicio, sin embargo el Legislativo lo englobó en lo aprobado a la Fiscalía General. “Si me pregunta ahorita cuál es el presupuesto que tengo, no sé, no tengo idea, porque todo lo ejerce la Fiscalía General”.

No discuten temas de corrupción

Joaquín Ramírez, secretario técnico del SEA, observa como una oportunidad el tema de la investigación, “para poder tener toda la estadística de cómo está el Sistema en cuanto a los temas de corrupción”.

Afirma que ha hecho falta mayor presupuesto para ejercer las facultades de la Secretaría Ejecutiva a plenitud, debido a que después de solicitar 77 millones para el presente año, en la propuesta de presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado, le destinaron únicamente 6 millones y fue después de gestionar con los diputados locales, que lograron que se les asignaran 22 millones de pesos adicionales, quedando un total de 28 millones para el ejercicio del presente año.

En el escenario austero de un edificio recién alquilado, que sólo cuenta con algunas sillas y mesas de material plástico que utilizan de vez en cuando, porque aún trabajan en acondicionar el lugar, el secretario técnico del SEA describe que parte de los trabajos han sido administrativos, los cuales “no lucen”, como la aprobación del estatuto orgánico del Órgano de Gobierno y un programa de trabajo para el Comité Coordinador (CC). Admite que a tres meses de su llegada no se han abordado temas de corrupción.

“En esos tres meses prácticamente no hubo ningún tema anticorrupción, fue cien por ciento administrativo. Ahora ya en enero tenemos el programa de trabajo aprobado por el Comité Coordinador y ya se está alineando con la Política Nacional Anticorrupción”, puntualiza el funcionario.

Ramírez señala que el CC está priorizando apoyar a los municipios en el desarrollo de un Reglamento Municipal Anticorrupción, que por obligación deben emitir y aunque son autónomos, podrán tomarlo como base.

“Ya tuvimos reuniones con tres municipios y como parte del Comité Coordinador, como una política pública, vamos a aprobar o vamos a someter a aprobación del Comité Coordinador, una propuesta de un modelo de Reglamento Municipal Anticorrupción, para que los municipios tengan algo en dónde basarse”, añade.

El CPC sesiona donde puede

La presidenta del CPC, Guadalupe Rivas Martínez, que atiende la cita en el mismo espacio austero que el secretario técnico del SEA, presume que el Reglamento Interno del CPC no es cosa menor. Solamente dos estados lo tienen, Durango y Nuevo León.

Rivas Martínez considera importante la conformación de vínculos y convenios de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y universidades, y afirma, a diferencia de las opiniones externas, que tienen cinco meses trabajando en un Sistema recién creado.

“El tema del presupuesto es un tema especialmente limitado y que a pesar de eso, veo que lo que sí nos falta y la promesa que yo puedo hacer, es la parte de la difusión, que en eso estamos trabajando”.

Además, promete, impulsarán que se destine más presupuesto al SEA y se promuevan reformas legislativas, “sobre todo en cuestión de transparencia o en formas de selección de los funcionarios, de quienes vayan o quienes estén integrando el Sistema Estatal Anticorrupción”.

Los integrantes del CPC reciben un pago por honorarios, advierte Rivas Martínez, y los únicos apoyos que pueden obtener son convenios con organizaciones y universidades para el desarrollo de proyectos.

Al igual que su espacio físico de trabajo, el sitio oficial de internet de la Secretaría Ejecutiva se encuentra en construcción, sin embargo tiene presencia en redes sociales desde enero de este año, en las que se dan a conocer las sesiones del CC y algunos eventos que han realizado.

La fiesta de los bandidos

El SEA será realmente fuerte cuando haya castigos, asevera el diputado de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión Anticorrupción del Congreso del estado, Horacio Tijerina.

“Todo mundo sabe, o todo mundo sospecha, o todo mundo cree que hay corrupción en las diferentes áreas del gobierno, pero no pasa nada”.

“Entonces, mientras que no haya responsables, mientras que no pase nada, va a ser un elefante blanco”.

Recuerda que cuando Jaime Rodríguez tomó protesta como gobernador anunció que “se les acabó la fiesta a los bandidos”, pero no ha habido detenciones, pues hubo cambio de protagonistas.

“No vemos que se les haya acabado; a lo mejor cambiaron de bailadores o de festejados, pero siguen habiendo los mismos problemas y los que hicieron esa fiesta andan en la tornaboda o en el after, pero no están siendo acusados o viéndolos como responsables”.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Anticorrupción del Legislativo local, el priista Jorge de León Fernández, sí percibe avances en el SEA y asegura que la falta de leyes secundarias no afecta su funcionamiento, pues hay un compromiso para tenerlas listas.

Diputado Horacio Tijerina.
Diputado Horacio Tijerina.

El pasado 15 de mayo, el Congreso local aprobó por unanimidad la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, que contempla la “muerte civil” y la obligatoriedad de presentar la declaración patrimonial, de intereses y fiscal, mejor conocida como 3de3, por parte de todos los servidores públicos. Sin embargo, esta norma dejó fuera a los candidatos a puestos de elección popular, lo cual ha generado inconformidad entre las organizaciones civiles, como los integrantes de la Coalición Anticorrupción que coordina Consejo Cívico Nuevo León.

Entre los grupos empresariales la misma ley también causó controversia, pues exige a los proveedores o particulares a presentar su declaración a la hora de formalizar un contrato por prestación de servicios con los gobiernos, como si fueran servidores públicos. La ley en cuestión fue publicada el 7 de junio en el Periódico Oficial.

En Nuevo León aún está pendiente de emitirse su reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. “Hubo un compromiso de los que integran la Comisión para que en este periodo legislativo se aprueben, cuando menos la de Fiscalización y de los Servidores Públicos, que son las que estamos empujando”, precisó en entrevista el diputado Jorge de León Fernández.

En su opinión, el desempeño del CPC y el Secretariado Ejecutivo ha sido bueno, pues además de que aún es prematuro hacer una evaluación más seria, el SEA no se trata sólo de “tener cabezas de funcionarios”, pues es más que eso.

El magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del TJA, Mario Treviño, observa falta de coordinación desde el Sistema Nacional Anticorrupción, además de poca homogeneidad en las reformas a las leyes locales, pues cada entidad lo desarrolla de forma diversa.

“La mitad de las legislaturas ha emitido una Ley de Responsabilidad estatal, que prácticamente es una copia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos; otros muy pocos estados, han hecho modificaciones a las leyes que ya tenían, remitiendo a la Ley General para lo que se refiere a todos los procedimientos, sanciones, faltas, etc.”

En Nuevo León, el Congreso del estado definitivamente trabajó en la creación de una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, pero se alejó de varias de las disposiciones de la Ley General y le añadió otras que no tienen sustento jurídico.

La profesora investigadora de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Nuevo León e integrante de la Coalición Anticorrupción, Adriana Hinojosa, es enfática al afirmar que los gobiernos no han cambiado con la llegada del SEA a Nuevo León.

Acusa que ha sido testigo de la falta de interés de los diputados locales en las leyes secundarias, pues la Ley de Fiscalización ni siquiera se ha debatido, lo que consideró un problema importante porque un funcionario puede argumentar que no está obligado por la ley.

“Aquí el problema surge cuando en la aplicación de Leyes Generales o Nacionales, porque por ejemplo, el Auditor Superior dice, cuando la sociedad le pide que actúe y hay una denuncia, ‘no, porque a mí la Ley no me obliga todavía, no está la Ley de Fiscalización’, y uno dice ‘está la General’”, detalla.

El retraso, dice, es originado por la falta de voluntad del Congreso y del órgano auxiliar de éste, que es la Auditoría Superior del estado, y advierte que, con SEA o sin él, los ciudadanos deben exigir rendición de cuentas.

[*] Este reportaje forma parte de “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya. https://ethos.org.mx/